En principio, los sistemas electorales funcionan para delimitar el modo en el que el elector manifiesta su preferencia por un partido político o candidato a través del voto, y según el cual esos votos se transforman en funcionarios públicos (Nohlen, 1994).  De la noción de sistema electoral se derivan algunos otros conceptos, como el distrito o circunscripción electoral; que se entiende como “cada una de las secciones en las que el electorado es dividido o agrupado (territorialmente) con fines de la votación” (Martín, 2013). En otras palabras, los distritos electorales son las áreas geográficas dentro de las cuáles los votos se traducen en escaños o asientos en el Congreso.

¿Cómo se trazan los distritos electorales?

El dibujo de estos distritos no es único o estándar debido a que existen distintos criterios que pueden utilizarse para su delimitación.  Estos criterios pueden utilizarse de manera simultánea en algunos casos o como criterio único, según lo delimite la autoridad electoral. Estas condiciones son:

1. Equidad poblacional

El criterio de delimitación electoral más común es el de equidad de población. Este hace referencia a la categoría en la que todas las unidades electorales se delimitan mediante una misma cantidad de población (Ej. 80,000 personas por cada distrito). Este criterio garantiza la noción de que todos los votos equivalen lo mismo; limitando la sobre- o subrepresentación de la población en dichos distritos electorales.

2. Delimitaciones geográficas

La geografía, en cuanto a lo que delimitación de los distritos electorales se refiere, define las fronteras electorales con base en los límites administrativos del Estado; posiblemente establecidos según los “límites naturales como cordilleras, lagos, ríos e islas” (Fortín, 2016).  Este criterio geográfico es naturalmente compatible con algunas otras variables como el acceso al territorio y la densidad poblacional del mismo.

3. Comunidades de interés (regiones)

Otro criterio para trazar las fronteras electorales es pretender que respondan lo más posible a las comunidades de interés existentes en el territorio nacional. Para dicho trazo, se parte del supuesto que los distritos deben ser “más que conglomerados de grupos de individuos arbitrariamente definidos y que deben ser unidades cohesivas con intereses comunes” (Fortín, 2016). El ejemplo por excelencia de este tipo de distritos son las regiones que aglomeran distintos municipios y departamentos del país, con base en criterios de cercanía territorial y similitudes culturales y económicas (8 regiones).

4. Representación de minorías

Por último, recientemente se han destinado distritos especiales para garantizar la representación de grupos minoritarios que históricamente han sido relegados. Estos grupos pueden tratarse de grupos raciales, étnicos o hasta grupos religiosos. Este tipo de circunscripciones especiales busca garantizar la representación de ciertos grupos, como podría ser, en el contexto guatemalteco, distritos con representación de población maya e indígina. No obstante, el dibujo y elección dentro de dichos distritos genera una serie de dificultades logísticas y administrativas, por lo que no suelen ser muy utilizados.

La redistribución de los distritos electorales es una herramienta que utilizan las autoridades electorales para modificar o afinar las fronteras de las secciones electorales. Como se mencionó anteriormente, este proceso no es utilizado en todos los países, ya que depende del criterio de dibujo de los distritos (equidad poblacional) y de que la normativa electoral permita ese reajuste. Por lo tanto, la mayoría de países de América Latina cuenta con distritos fijados por las divisiones administrativas que sus Estados poseen; tal es el caso de Guatemala y sus distritos electorales.

Sin embargo, la redistribución de los distritos electorales es un fenómeno que sucede en distintas regiones del mundo, por lo que merece la pena revisarlo. La lógica de redistribución se basa en la noción de que todos los votos deben de valer igual, por lo que los distritos deben de contar con la misma cantidad de habitantes en sus territorios. El reajuste se sustenta con información de los censos poblacionales, garantizando así la equidad poblacional en cada uno de los distritos electorales.

Vale la pena resaltar que la  manera en la que se delimitan los distritos puede influir sobre los posibles candidatos y su elección. La distribución distrital, generalmente, tiene una vigencia de diez años (cada censo poblacional sucede cada diez años), por lo que los reajustes suelen suceder relativamente seguido. Esta redistribución puede llegar a ser usada como una herramienta para minimizar la representación política de algunos sectores o como instrumento para garantizar una ventaja comparativa para algún candidato o partido en el nuevo distrito. A este fenómeno se le conoce como “gerrymandering” y puede ser desarrollado por la autoridad electoral o funcionarios públicos encargados del rediseño de los distritos (en algunos casos son los mismos representantes quiénes se encargan de ajustar su distrito).

Un momento clave para la participación ciudadana sería el involucrarse de lleno en la próxima redistribución de sus distritos electorales. Esto puede ser a través de asambleas públicas en las que se discuta la redistribución con los encargados de realizarla o a través de la presión y comunicación constante con sus representantes para que el nuevo dibujo no responda a intereses partidistas. Los distritos son una de las llaves para la garantía de la elección, por lo que muchos intereses convergen a su alrededor y los ciudadanos deben de estar alerta e involucrarse para que la democracia no sufra esas consecuencias.