Históricamente, la noción de la participación política ha sido reducida a únicamente una de sus formas más habituales; el sufragio. Sin embargo, este tipo de participación encuentra, más allá de la participación puramente electoral, una variedad de actividades individuales y colectivas que los ciudadanos pueden ejercer dentro de un contexto democrático. Por lo tanto, la participación política se define como un conjunto de actividades, comportamientos y acciones que de manera individual o colectiva suceden dentro de una sociedad a través de individuos, colectivos y partidos con el fin de demandar, influir o formar parte del proceso de toma de decisión política. Es decir, la participación política es un conjunto de acciones que pueden realizar los ciudadanos para influir en la toma de decisiones.

Por lo tanto, la participación política de todos los ciudadanos de un Estado es un derecho fundamental en cualquier contexto democrático. Sin embargo, a pesar de que es una obligación del Estado el asegurar dicha participación, históricamente, esta no ha sido ejercida plenamente por distintos sectores de la población; lo que representa un problema sustancial de la calidad de la democracia. La participación política no puede desvincularse del derecho a la representación política, entendido como “el resultado del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defienden, argumentan, los temas y los intereses que son comunes”. Esta relación entre representantes y representados es constitutiva de la democracia como régimen de gobierno y, por tanto, de su legitimidad y eficacia.

Garantizar la participación política en igualdad de todos los grupos sociales, especialmente de las mujeres, es fundamental para la legitimidad del sistema político y el desarrollo de cualquier sociedad. A nivel internacional, esto se ha reflejado en la aprobación de tratados de derechos humanos e igualdad de condiciones, así como en la adopción de acuerdos políticos que incorporan compromisos relacionados con esta materia. Un ejemplo regional de lo anterior es la Carta Democrática Interamericana, misma que señala que “los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”. De igual manera, en el ámbito nacional, las constituciones políticas recientes incluyen disposiciones sobre la garantía de estos derechos. Toda constitución política contempla tres grupos de normas importantes con relación a la participación política de las mujeres. El primer grupo incluye el derecho de todas las personas a participar en la política y el poder hacerlo en igualdad entre hombres y mujeres. Ese segundo conjunto es el que establece las normas y reglas del juego sobre el régimen electoral y el sistema de partidos políticos. Por último, se desarrolla ese conglomerado que abarca algunas normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos, extrapolados para los contextos nacionales.

Como en cualquier contexto democrático, en Guatemala existe la latente necesidad de impulsar una mayor incorporación de las mujeres a la arena política. El sustento de buscar esa incorporación radica en el concepto de la representación misma, tanto en su conformación “descriptiva”, entendida que los distintos grupos sociales se vean representados en los órganos de toma de decisión, así como en su conformación “sustantiva”, asegurando la representación de los intereses de estos grupos a través de los actores que ejercen dicha representación (Freidenberg, 2017).

Por lo tanto, a nivel internacional han surgido una serie de propuestas de políticas alternativas que pretenden brindar estos espacios de representación a las mujeres. Dentro del variado conjunto de políticas que se han implementado para ampliar la representación, tanto en su conformación descriptiva como sustantiva, destacan la adopción de una serie de acciones afirmativas. Una acción afirmativa se refiere a una herramienta temporal implementada por el Estado para corregir la baja representación de algún grupo social en los ámbitos de toma de decisión; también conocidas como medidas de discriminación positiva. Entre este tipo de medidas destacan acciones como las cuotas de género o la aprobación de la paridad de género en todo tipo de competencia electoral.

Las cuotas de género se presentan como una medida alternativa para enfrentar la baja presencia de las mujeres en la vida política.. Esta medida afirmativa obliga a las organizaciones partidistas a incluir en sus listas de elección un número o porcentaje fijo de curules o candidaturas destinado exclusivamente para las mujeres. Esta modalidad busca garantizar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres a través del aumento de su presencia en cargos de representación política y en puestos de toma de decisiones. Actualmente, más de 120 países a nivel mundial cuentan con alguna cuota de género. En algunos casos se define una cuota única para las mujeres, mientras que en otros se han establecido porcentajes que oscilan entre el 20% y el 40% y que pueden ir aumentando progresivamente según la legislación.