En la literatura de la Ciencia Política y el Derecho Electoral  no existe una definición unívoca de lo que es un partido político. Esto es el resultado de numerosos debates académicos sin consenso sobre el origen, papel y funciones de los partidos. Para algunos, los partidos “son un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional basados en un principio particular en el cual todos están conformes”. A partir de esta definición, un partido político se caracterizaría por cualidades como la unidad interna, una misión normativa y una ideología particular. Sin embargo, lo anterior es negado y refutado por otros autores mediante sus propias definiciones como que los partidos son únicamente “un equipo de personas que tratan de controlar el aparato de gobierno” o que un partido político es un “grupo cuyos miembros se proponen actuar de consumo en la lucha de la competencia por el poder político” (Tames & Aguirre, 2015). Estas definiciones, por el contrario, tienden a minimizar las funciones y atribuciones de los partidos a únicamente aparatos o vehículos para la disputa del poder político.

No obstante, una característica de los partidos políticos que no se encuentra en ninguna disputa teórica es que estos son formas especiales de organizaciones políticas. Los partidos políticos no deben confundirse con otros grupos sociales como los grupos de interés o las asociaciones particulares. Estos participan en los procesos electorales, dentro de un contexto democrático (elecciones limpias y periódicas, con libertades políticas y sufragio universal) y en búsqueda de implementar su proyecto político. De ahí que una de las definiciones más consensuadas sobre que es un partido político es que se trata de “un grupo de personas que buscan el control del aparato de gobierno a través de obtener puestos en una elección llevada a cabo de forma correcta” (Hofmeister & Grabow, 2013). Otra definición que sustenta ese consenso es la de Giovanni Sartori, que propone que los partidos políticos son  “cualquier grupo político reconocido oficialmente que participa en las elecciones y que es capaz de postular candidatos para cargos públicos a través de las elecciones”. Ambas definiciones reconocen la importancia de la participación de las organizaciones políticas en el proceso electoral y que este les permita acceder a cargos públicos mediante el sufragio universal.

El sistema de partidos políticos guatemalteco es uno de los sistemas más inestables y poco institucionalizados de América Latina. Los partidos políticos guatemaltecos son “centralizados, exclusivos y poco institucionalizados” (ASIES, 2013). Dicha centralización radica en el predominio que tiene el Comité Ejecutivo Nacional -CEN- sobre las restantes estructuras organizativas (comités departamentales y municipales) en aspectos como “la creación del partido, la inscripción de filiales locales y la postulación de candidatos a cargos de elección popular” (ASIES, 2013). Los CEN de los partidos políticos, tienden a crear estructuras paralelas al modelo de organización establecido en la LEPP. Dichas estructuras aseguran que los secretarios municipales y departamentales controlen la organización en sus respectivas circunscripciones (distritos electorales), siendo ellos quienes usualmente encabezan los listados a cargos de elección popular, dándole a los partidos un carácter eminentemente exclusivo y personalista.

Entonces, los partidos políticos guatemaltecos se organizan bajo el modelo de partidos franquicia. Estos partidos franquicia son inestables y se encuentran conformados por organizaciones paralelas que pertenecen a líderes locales y no son fieles al partido como tal, combinando un enfoque electoral con un alto nivel de centralización en la toma de decisiones (ASIES, 2013). Los CEN ceden en época electoral la “marca” (o franquicia, en este caso) del partido a algún candidato municipal. Este candidato se da a la tarea de crear y mantener la organización partidaria municipal, necesaria para la vigencia legal del partido, y promocionar a los candidatos a presidente y diputado en el municipio. No obstante, esta relación –casi contractual- suele culminar al finalizar el período electoral e iniciar uno nuevo.

Lo anterior evidencia que los partidos políticos guatemaltecos poseen el incentivo para mantener un minimalismo organizacional, es decir, mantenerse únicamente en torno a los requisitos mínimos legales que exige la ley para tener organización nacional: 50 municipios y 12 departamentos. Este minimalismo organizacional se nutre principalmente de dos incentivos. Por una parte, el incentivo lógico de mantener bajos los costos de organización partidaria y, por otra parte, “permitir que el CEN del partido mantenga el control sobre la nominación de candidaturas en aquellos municipios y departamentos en donde no existe organización formal” (CICIG, 2019). Aunque, como ha señalado Lemus (2013), en esos municipios en donde no existe una organización partidaria formal, las agrupaciones políticas sí establecen una organización informal o paralela, que sirve para cumplir los designios de la cúpula partidaria.

En otras palabras, los partidos “franquicia” se producen en un contexto en el que los partidos tienen un enfoque de organización y estructura estrictamente electoral, y en el que tanto los CEN como los líderes locales calculan la fortaleza electoral de la otra parte, en tanto los vacíos y tergiversaciones de la legislación electoral se los han permitido; hasta el momento (Aguilar, 2020).